Por la falta de insumos y los nuevos marcos legales los privados tienen 146 mil unidades paradas o sin iniciar ARCHIVO
En
2007 el Estado decidió ampliar el dominio en las denominadas
actividades estratégicas, lo que abarcó al sector construcción, y en
cinco años el control en esa área se ha ejercido mediante las
nacionalizaciones de empresas, las regulaciones y las ocupaciones de
desarrollos habitacionales.
Si bien la participación estatal se ha registrado en gran parte de la
construcción general, en la producción de viviendas se ha reflejado más,
debido a las normativas que se han impuesto desde el 2009.
Hace tres años el Ejecutivo inició el cerco cuando el para entonces
Ministerio de Obras Públicas prohibió la aplicación del índice de
precios al consumidor en la preventa de inmuebles, lo cual obligó a las
constructoras a realizar una revisión de los contratos. Y a partir de
ese momento, las operaciones en el mercado primario empezaron a mermar.
El Estado siguió con las acciones, y aunado a esa prohibición, reformó
la Ley de Acceso a los Bienes y Servicios para fijar medidas preventivas
sobre los bienes inmuebles cuando se detecten abusos de las
constructoras. Luego se aprobó la Ley de Tierras Urbanas, que declara de
utilidad pública e interés social todas las tierras sin uso y limita la
disposición (venta) de los terrenos.
Las medidas no cesaron. En 2010 no se aprobaron nuevas leyes, pero sí
fueron constantes las amenazas al sector hasta que en noviembre de ese
año se autorizó la expropiación y ocupación de 57 desarrollos
habitacionales en varios estados, bajo el argumento de que las
constructoras incumplieron con las normativas y se retrasaron en la
entrega de los proyectos. Esas soluciones posteriormente pasaron a
engrosar la meta de producción de casas de los entes oficiales.
El cerco se siguió extendiendo en 2011 y 2012 cuando se autorizaron la
reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y la Ley contra la
Estafa Inmobiliaria. Dichas normas imponen más pasos a la producción de
viviendas.
En la Ley de Alquileres las constructoras tienen que destinar un
porcentaje de las unidades nuevas al arrendamiento y por esa
obligatoriedad, deben informar al Ministerio de la Vivienda la cantidad
de casas a realizar, y sin la carta aval del despacho no se pueden
iniciar los desarrollos.
A esas exigencias se suman las previstas en la Ley contra la Estafa
Inmobiliaria, que ordena a las empresas a registrarse ante una
dependencia del despacho de la Vivienda y presentar una fianza por el
100% del costo de la obra. Ante ello, las constructoras ahora tardan más
en arrancar los proyectos.
Situación diferente enfrentan los entes oficiales. Por la emergencia
generada por las lluvias de diciembre de 2010, el pasado año el Gobierno
redactó la Ley de Emergencia de Terrenos y Vivienda y la Ley de
Propiedad Familiar, que aunque contemplan ocupaciones de bienes e
imponen condiciones a los beneficiarios de las unidades, le permite al
Gobierno avanzar en la producción de soluciones habitacionales.
Las acciones del Estado llegan hasta los financiamientos. En los últimos
decretos de la gaveta hipotecaria se ha fijado que la asignación de
fondos a los desarrollos requiere de la aprobación previa del Órgano
Superior de la Vivienda.
Mercado público
Más allá de la estructura legal creada, el Estado también ejerce el
dominio en la producción y distribución de los materiales clave del
sector construcción como cabillas, cemento, agregados y bloques.
El Gobierno en el Plan Socialista 2007-2013 notificó que era fundamental
la inversión pública en la producción de insumos de la construcción.
Por ello, entre 2008 y 2010 nacionalizó las siderúrgicas y las
cementeras, y ahora maneja el 90% de la fabricación de los materiales.
Pero las cifras oficiales muestran que después de las nacionalizaciones
la producción ya no es similar a la generada en otros períodos, y por
ejemplo, al cierre de 2011 la fabricación de cabillas estuvo 19% por
debajo de la registrada en 2007.
Con el lanzamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela el dominio
estatal con los insumos ha sido mayor, pues se extendió a la
distribución.
Y en un contexto de producción insuficiente, el Ejecutivo decidió que la
prioridad en la asignación de los materiales es para los proyectos del
plan oficial, lo que ha afectado la ejecución de las obras privadas.
Por las regulaciones y la falta de insumos, las casas paradas o sin iniciar de los privados superan las 146 mil. |
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